Política económica: La hacienda local

El sistema de financiación local no corresponde a los parámetros europeos. La participación de los ayuntamientos en el gasto público apenas llega al 13%, porcentaje muy alejado del 33% reivindicado por la federación española de municipios y provincias (FEMP). Pero en esto de la financiación local se produce una paradoja de difícil comprensión por parte de la ciudadanía. Mientras que en sus discursos todos los partidos, incluso los mayoritarios PP y PSOE, coinciden en la necesidad de reforzar los mecanismos de financiación local, ninguno cuando ha detentado el poder, ya sea en el Estado o en las Comunidades Autónomas, ha hecho nada por hacer realidad lo que ellos mismos proponían. IU, como fuerza política con importante presencia municipal y que se cree la autonomía local, encabezará la lucha ciudadana e institucional por la definitiva resolución de la permanente precariedad en la que se encuentran las arcas municipales.

A pesar de que está en trámites de discusión y todo parece apuntar a que antes de las elecciones se aprobará la nueva Ley Básica de Administración y Gobierno Local, ley que sustituirá a la ya antigua Ley 7/85 (Ley de Bases de Régimen Local), aún no están contempladas nuevas formas de financiación. La futura ley avanzará hacia una mayor concreción de competencias entre las distintas administraciones del Estado, avanzará hacia el reconocimiento del carácter político de los gobiernos

locales y seguramente mejorará los mecanismos de gestión municipal. Pero el gobierno socialista aún no ha planteado la modificación de la Ley de Haciendas Locales y se conforma con afirmar que son las Comunidades Autónomas las que tienen que mejorar la financiación a los ayuntamientos en un amplio acuerdo con el Estado.

IU continuará reclamando la reforma de las fuentes de financiación local, para garantizar la redistribución de las rentas y la suficiencia financiera, elementos fundamentales para profundizar en la democratización de las instituciones sobre los siguientes ejes fundamentales:

 Desarrollo de las competencias tributarias municipales, dotándolas de mayor autonomía de gestión que permitan introducir mecanismos correctores más acordes con la realidad territorial y social del municipio. Consideramos fundamental que se compense la sustitución del IAE con un impuesto que grave el beneficio y no la actividad y en todo caso que la compensación del IAE prometida llegue a los municipios.

 Reforma integral del PIE (participación de las entidades locales en los ingresos del Estado). Proponemos acabar con el actual sistema dual que prima a las grandes ciudades sobre las medianas y pequeñas y que valora a la ciudadanía en función del tamaño de la población en que reside. Hay que establecer parámetros objetivos (población como básico) y definir factores compensadores para los municipios con mayores necesidades sociales o algún tipo de afección territorial. La cantidad que los ayuntamientos reciben del Estado debe ser transparente, de fácil cálculo, comprobable y estable.

 Incremento de las transferencias de las Comunidades Autónomas, de manera que se garantice la suficiencia financiera por la asunción de competencias autonómicas, cuya prestación se debe garantizar con criterios de calidad y teniendo en cuenta el coste efectivo. Con el fin de que se cumpla el principio constitucional de autonomía local, es imprescindible que los municipios sean autónomos financieramente; para ello, además de valorar adecuadamente los servicios que están siendo asumidos por los ayuntamientos, hay que modificar las transferencias destinadas por las Comunidades Autónomas a los municipios de tal forma que sean incondicionadas, no finalistas. Las denominadas PICA deberán asemejarse en cuanto a su formulación y tipología al PIE que proponemos.

La mayor parte de las cantidades transferidas por las CCAA a los ayuntamientos deben ser incodicionadas.

 Izquierda Unida cree en una política fiscal progresiva que permita políticas redistributivas, posibilitando la potenciación de los servicios públicos y el tratamiento económico diferenciado en función de la renta. El actual espacio fiscal propio municipal conlleva una escasa capacidad de intervención de los gobiernos locales, ya que a través de las ordenanzas fiscales solo es posible establecer tipos impositivos que se aplican sobre parámetros iguales para todas y todos, así como generar algunas o todas las exenciones contempladas en la ley, exenciones que siempre van en detrimento de la recaudación. Por ello, esta organización política vuelve a incidir en la ampliación del espacio fiscal local, aumentando la capacidad normativa municipal.

Aun así, y siendo conscientes de la discriminación económica que en concreto se aplica a los municipios con el incumplimiento del principio de suficiencia financiera para el ejercicio del espacio competencial propio, los ayuntamientos regidos por IU se comprometen a exprimir los márgenes legales con el fin de mejorar la gestión económica municipal procurando el incremento de los ingresos de forma justa y solidaria, así como apostando por medidas de control del gasto mediante la mejora de la gestión y la potenciación del ahorro. Para ello:

1. En la gestión de los ingresos

 Facilitaremos el pago de los distintos impuestos municipales, mediante la creación de nuevos sistemas que permitan distribuir el total de los mismos a lo largo del año, aplicando una deducción sobre el total anual.

 Aplicaremos bonificaciones en el IBI a las familias numerosas en función del valor catastral de las viviendas y del número de miembros de la unidad familiar.

 En cuanto la ley nos lo permita, estableceremos recargos en el IBI de viviendas y solares vacíos que irán del 100 al 200% en función del tiempo de retención del bien.

 Estableceremos reducciones en ICIO e IBI a favor de las construcciones que incorporen sistemas para el aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar por autoconsumo.
 Utilizaremos las posibilidades que nos otorga la legislación para penalizar la especulación a través de incrementos de los tipos a aplicar en el impuesto de plusvalía en las enajenaciones que se produzcan en los primeros años de tenencia de la propiedad.
 Cumpliremos la directiva comunitaria de corresponsabilidad fiscal a la hora de definir tasas que graven la producción de residuos, estableciendo desgravaciones y/o exenciones por el desarrollo de políticas ambientales positivas.
 Procuraremos establecer precios públicos por acceso y participación en actividades municipales o servicios en función de criterios de renta con el fin de favorecer que quienes más tienen contribuyan con el coste real del servicio, mientras que los de menor nivel de renta se beneficien de precios inferiores. Desde la asunción de lo demagógico del “todo gratis” se establecerán tasas y precios públicos coherentes, aunque posibilitando el acceso a los servicios de aquellos colectivos o individuos con menor nivel de renta.
 Dado el escaso espacio fiscal propio, procuraremos la búsqueda de recursos económicos alternativos mediante la gestión del patrimonio municipal.
 Potenciaremos los servicios de inspección tributaria para hacer realidad la máxima que dice que si pagan todos los que deben, la mayoría tendrá que pagar menos. Este esfuerzo inspector se centrará fundamentalmente sobre el IAE, el ICIO y las Tasas por Ocupación de Dominio Público.
 Aplicaremos a la gestión de tributos las nuevas tecnologías, tanto con la implantación o mejora de cartografía digital, como en la simplificación del procedimiento administrativo y la generación de la posibilidad de pago telemático de impuestos, tasas y precios públicos.
 Elaboraremos censos de viviendas y solares vacíos.

2. En la gestión de los gastos

Aplicaremos medidas de reducción del gasto corriente mediante la puesta en marcha de actuaciones encaminadas al ahorro:

 Invertir en implantación de nuevas tecnologías con el fin de automatizar procesos que generen ahorro, como:

 Implementación de redes de fibra propia que permitan el coste cero de la telefonía interna y permitan la conexión de las diversas oficinas y servicios municipales.

 Impantación de sistemas centralizados de control domótico de edificios para posibilitar el control a distancia y el ahorro energético.

 Potenciaremos que las nuevas dotaciones públicas locales se construyan con un alto nivel tecnológico para hacer posible lo expuesto más arriba. Así como la adecuación paulatina de los edificios antiguos.

 Implantaremos sistemas de compras centralizados con el fin de obtener mejores precios de los proveedores.

 Trabajaremos el diseño del nuevo equipamiento que se construya bajo el prisma de reducir sus gastos de mantenimiento futuro: estudio detallado de las circulaciones, ubicación de un punto único de control y vigilancia, estudio de los materiales desde la perspectiva de durabilidad, fácil sustitución y limpieza, instalaciones energéticas de bajo consumo, control domótico de instalaciones, etc.

 Utilizaremos fórmulas de organización municipal que reduzcan los gastos de gestión.

 Aplicaremos medidas de control energético para reducir los consumos de agua, gas, electricidad, telefonía y carburantes en general.

 Desarrollaremos campañas de concienciación ciudadana encaminadas a extender estas políticas de ahorro a la vida privada.

 En el marco de respeto a los derechos laborales, potenciaremos la implicación de los trabajadores y las trabajadoras de los ayuntamientos en el servicio público con el fin de mejorar la eficacia de los mismos y procurar la mejor atención a la ciudadanía.

En otro orden de cosas, IU entiende que se debe apostar decididamente por el fortalecimiento de la participación social en la planificación y desarrollo de las políticas públicas y en la gestión de los servicios, articulando mecanismos pluralistas y participativos que permitan un proceso de toma de decisiones compartido y consensuado con la propia ciudadanía.

En el ámbito económico, IU se compromete a poner en marcha los instrumentos que posibiliten la aplicación de procesos participativos en lo relativo a la política económica local. Para ello se utilizarán diversos instrumentos:

 Celebración de Audiencias Públicas anuales con el fin de acercar a la población la complejidad del Presupuesto Municipal, sus características y sus límites.

 Puesta en común de las Ordenanzas fiscales con la representación de la ciudadanía: organizaciones sociales, comunidades de vecinos, sindicatos y empresariado, Consejo Económico y Social.

 Realización de experiencias participativas en el diseño de espacios urbanos a través de las Asambleas de Barrio, de Distrito o de la Ciudad en los municipios más pequeños.

 Diseño participado de equipamiento municipal con el público futuro usuario.

En definitiva, llevar adelante el Presupuesto Participativo como una realidad posible de implicación ciudadana en la toma de decisiones. Cualquier gobierno local de Izquierda Unida aplicará la máxima de procurar una gestión eficaz, dotando a los municipios de los recursos y medios necesarios para garantizar la sostenibilidad económica desde la aplicación de los principios de equidad, progresividad y corresponsabilidad fiscal.