Una moción de IU insta a la Junta a elaborar una Ley de Movilidad
Miércoles 20 de septiembre de 2006
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El Plan Coordinado de Transporte Público para Salamanca y su alfoz no ha servido para cumplir el gran objetivo de reducir el número de personas que se trasladan a diario en transporte privado utilizando el automóvil; el porcentaje 80 - 20 sigue exactamente igual seis meses después hasta el punto de que la carretera de Madrid, y todos los accesos por el Sur, a Salamanca, están cada vez más saturados.
.El Plan de movilidad realizado por el Ayuntamiento de Salamanca demuestra que desde los municipios del Sur -en el que Santa Marta aporta la mayor cantidad-, se realizan en dirección a Salamanca más de 21.000 trayectos diarios, de los cuales más del 80% se realiza en vehículo privado.
Las obras públicas de infraestructuras realizadas hasta ahora son precisamente los proyectos que fomentan más el uso del vehículo privado. Un ejemplo de esto es el Puente de la Serna, que lejos de mejorar los problemas de movilidad y comunicación entre Salamanca y los municipios del Sur, va a aumentar el número de embotellamientos, al tiempo que va a significar la destrucción de una zona de importante valor como lo es la ribera del Tormes. Da la impresión en muchas ocasiones de que las grandes obras de ingeniería civil están al servicio de las necesidades del mercado inmobiliario en lugar de servir para solucionar los problemas de los ciudadanos.
Las directrices de ordenación urbana aprobadas provisionalmente por la Junta de Castilla y León han solucionado poco los problemas de movilidad generado por el crecimiento desordenado y mal planificado de municipios como Santa Marta.
De hecho, a pesar de las últimas inversiones, Santa Marta sigue careciendo de unos transportes públicos metropolitanos con el suficiente grado de eficacia para que su uso pueda hacer competencia al coche privado. La consecuencia es que los accesos a Salamanca se ven frecuentemente colapsados, y que el tráfico se ha convertido en un gran problema con el que deben de lidiar los Ayuntamientos del área metropolitana.
Pero esta situación también acarrea un enorme despilfarro de tiempo y energía, incide en la baja productividad y dispara la contaminación del aire hasta extremos que hacen poner en riesgo la salud de los ciudadanos porque del transporte, proviene el 80% de la contaminación atmosférica en las zonas urbanas.
Por lo expuesto, es necesario que el las Cortes y la Junta de Castilla y León apruebe una Ley de Movilidad que contemple medidas para reducir el uso del coche particular para ir al trabajo o para realizar gestiones dentro y fuera de la localidad, una práctica con graves impactos para el medio ambiente, la economía y la salud de los trabajadores.
La futura Ley, debería de regular la obligación de elaborar planes de movilidad urbana que prevean el acceso del transporte público a los polígonos industriales y de planes de transporte en empresas de más de 200 trabajadores, la puesta en funcionamiento de lanzaderas desde estaciones de RENFE, la promoción del coche compartido y la gestión sostenible de los aparcamientos, reservando su uso exclusivamente para el coche compartido, los trabajadores con discapacidad o que no tengan acceso al transporte público.
La presente Moción, se presenta coincidiendo con la Semana Europea de la Movilidad, y un día antes de la celebración del “Día Europeo Sin Coches”, iniciativas que ponen de manifiesto, la concepción que existe en toda Europa de que la política de movilidad sostenible debe ser prioritaria en la agenda de todas las administraciones. Santa Marta, poco a poco, va avanzando al respecto, el reto ahora es implicar a la Administración Autonómica. Por todo ello, se plantea al Pleno, la siguiente
PROPUESTA DE ACUERDO
• Instar al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León, a que en la presente Legislatura, se presente un Proyecto de Ley de Movilidad que contemple medidas para reducir el uso del coche privado y, se fomente, el uso del transporte público.
• Dar traslado del presente acuerdo al Consejo de Gobierno de la Junta de Castilla y León y al Consejo Rector de Transporte Metropolitano.
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