IZQUIERDA UNIDA CONSIDERA QUE LA DECISIÓN DE GIRSA EXIGE MODIFICAR DE NUEVO LA ORDENANZA DE BASURAS
Viernes 15 de enero de 2010
Izquierda Unida, ante la decisión de la Diputación y del Consorcio GIRSA –que gestiona el CTR de Gomecello-, de reducir en 11 Euros por tonelada (24%)la Tasa de transferencia y tratamiento de residuos, quiere trasladar a la opinión pública las siguientes consideraciones:
PRIMERO: la reducción unilateral de la tasa en un 24% pone de manifiesto que IU tenía razón al denunciar que GIRSA estaba repercutiendo una tasa en la que se superaba lo recaudado en relación al coste de la prestación de servicio.
SEGUNDO: denunciamos la pasividad de los Ayuntamientos, especialmente el de Santa Marta, que ante una tasa arbitraria –como así se ha demostrado- se limitó a repercutir a los vecinos la misma, en lugar de hacer valer el interés de los mismos. Conclusión: subidas de un 60% para los vecinos, y silencio de PP y PSOE ante la única oposición de Izquierda Unida.
TERCERO: Una vez que se ha reducido en un 24% el coste del tratamiento de los residuos en Gomecello, las ordenanzas fiscales que regulan en cada ayuntamiento la recogida de basuras deben ser actualizadas a la baja, pues han quedado obsoletas. Por ello, en Santa Marta, IU registrará el lunes una moción, solicitando la modificación del artículo 3 de dicha ordenanza.
CUARTO: Celebramos que el consorcio GIRSA por un lado, y el Ayuntamiento de Santa Marta por otro, hayan rectificado parcialmente sus “ocurrencias” en lo que a gestión de residuos se refiere, pero estos cambios de opinión permanente, aunque no hacen sino darnos la razón constantemente, lo que ponen en evidencia es una sensación de permanente improvisación y arbitrio, que perjudica seriamente a los vecinos.
QUINTO: Izquierda Unida recuerda que detrás de esta polémica hay tres aspectos que deben ser conocidos, y que IU, a diferencia de PP y PSOE no contribuirá a silenciar:
a) los intereses de las empresas que gestionan la recogida de residuos y el nuevo “negocio del medioambiente”.
b) la incapacidad del Partido Popular de plantear una política medioambiental seria, basada en la reducción de los residuos y no sólo en su recogida y tratamiento.
c) la sumisión “feudal” de los ayuntamientos la Diputación, dejando de lado los intereses de los vecinos para plegarse a la política del Partido Popular.
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