La corrupción del ladrillo

La solicitud de imputación de María Jesús Ruiz, vicepresidenta primera de la Junta de Castilla y León y consejera de Medio Ambiente, en el caso judicial abierto contra el proyecto urbanístico de la “Ciudad del Golf” de Navas del Marqués, hecha por el fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Avila, Juan Miguel Gómez Cortés, ha sido calificada por el coordinador general de IU-CyL, José María González, como “un acto nomológico acorde con la marcha de la causa judicial abierta”. “El argumento de la fiscalía es palmario puesto que la vicepresidenta de la Junta fue quien en el año 2004 firmó la Declaración de Impacto Ambiental en su condición de Consejera de Medio Ambiente, con el que se dio luz verde a un proyecto urbanístico situado en 210 hectáreas de una comarca declarada Zona de Importancia para la cigüeña negra y de Especial Protección para las Aves (ZEPA), así como Lugar de Interés Comunitario. La tala salvaje y furtiva que inició la empresa inmobiliaria provocó la primera intervención de la Justicia”.

Para José María González esta decisión de la Consejería de Medio Ambiente se une a las que precipitadamente tomó durante el final de la pasada legislatura en favor de proyectos urbanísticos en zonas naturales protegidas, como es el caso de la cínicamente bautizada “Ciudad del Medio Ambiente”, en Soria, el coletazo febril de la corrupta devastación del territorio por el urbanismo salvaje que hemos sufrido durante años.

José María González considera que las primeras declaraciones de María Jesús Ruiz son “absolutamente insuficientes ante la gravedad de los cargos por prevaricación que se le imputan”. “No creo que esta denuncia sea ocasión para que la señora Ruiz nos explique a los castellanos y leoneses el buen sentido de sus actos en la Consejería, sino que pensamos que, habida cuenta los precedentes dados en nuestra Comunidad, la vicepresidenta de la Junta debería situar la reputación de las instituciones que representa por encima de toda otra consideración, tal y como en su día hizo noblemente el presidente de la Junta, Demetrio Madrid, y presentar de inmediato su dimisión irrevocable, con independencia de su derecho a la presunción de inocencia que nadie le niega”. “En todo caso, finalizó González, también el presidente Herrera debiera exigir responsabilidades inmediatas a su vicepresidenta si quiere preservar el crédito de su Gobierno”.