IU y Jóvenes de IU presentan 7 alegaciones y 14 enmiendas a una ordenanza "ilegítima, ilegal, ineficaz y propagandística"

1. Pese a que gracias al trabajo realizado por IU en otros ayuntamientos (Santa Marta, Valladolid) los aspectos más antisociales y represivos han desaparecido del texto original, sigue habiendo puntos más que discutibles jurídicamente e inaceptables políticamente.

2. Desde el punto de vista jurídico las principales deficiencias se resumen en:

  El Ayuntamiento excede su legitimidad, regulando aspectos del ámbito privado, vulnerando así la Ley Reguladora de las Bases del Régimen (Los bienes de titularidad privada no son ni equipamientos, ni servicios ni infraestructuras ni instalaciones ni espacios públicos, por lo que no se encuentra incluido en el ámbito legitimador del artículo 139 de la LBRL).

  La inconcreción de muchos de sus preceptos vulnera el principio de seguridad jurídica, produce indefensión en los ciudadanos y posibilita la arbitrariedad de una Alcaldía que ya de por sí destaca por su actuación arbitraria y pendenciera. Se abusa de términos como “el normal uso”.

  Se imponen sanciones a conductas no tipificadas, vulnerándose así el principio de legalidad. Por ejemplo, el artículo 16.1 “hacer un uso impropio de los espacios públicos” e incluso el artículo 17.2, que además, colisiona de manera notoria con los Derechos de Concentración y/o Manifestación, sujetos a Reserva de Ley Orgánica.

  Se imponen sanciones sin tener legitimidad para ello. Por ejemplo el artículo 10.d, regula una competencia que no es de ámbito municipal (caza).

3. Políticamente creemos que esta ordenanza es ineficaz, no resolverá ninguno de los actuales problemas y se hace, por un lado a modo de cortina de humo y por el otro, para otorgar más poder al Alcalde, menos control a la oposición y menos libertad a los ciudadanos y los colectivos sociales.

José Antonio García ha resumido la actuación de Jóvenes de IU en una única alegación que exige la retirada total del texto pactado por el PP y el PSOE "por contener preceptos claramente antijurídicos amén de calificaciones de dudosa oportunidad en un reglamento ("antisocial" por ejemplo) y no haber sido consensuada con los colectivos vecinales, juveniles y sociales, que pueden jugar un papel clave a la hora de prevenir algunas de las conductas tipificadas en esta Ordenanza".

Antonio Moreno ha explicado que sus seis alegaciones y 14 enmiendas al articulado pretenden eliminar los artículos antijurídicos así como mejorar y dar otro enfoque al conjunto del articulado.

Izquierda Unida pretende resolver con sus enmiendas aspectos polémicos como la denominación de la ordenanza -suprimiendo la referencia a comportamientos antisociales-, el reparto de octavillas -diferenciando la libertad de expresión con la publicidad comercial-, la situación de los ciclistas, lograr espacios públicos de difusión de ideas, iniciativas y actividades para los movimientos sociales y vecinales, la supresión de las referencias al "normal uso de la vía pública- o la eliminación de las referencias a la imputación de las infracciones a las personas responsables cuando los autores de infracciones sean menores "por ser un auténtico disparate jurídico confundir responsabilidad civil subsidiaria con responsabilidad en sentido punitivo".

Antonio Moreno ha señalado que detrás de esta ordenanza subyace, por un lado, el la intención del Partido Popular de aprovechar este reglamento para controlar más allá de la convivencia, es decir, por controlar y por otro, el despiste de un PSOE desorientado, que no se ha molestado ni en tener en cuenta las numerosas dudas de carácter jurídico que planean sobre una ordenanza, que en cualquier caso y gracias a IU y las plataformas vecinales, ya viene mutilada por diferentes tribunales de justicia.